La mortandad generó una profunda alarma y un severo impacto económico para las familias ganaderas afectadas, quienes dependen directamente de la comercialización diaria de leche y carne para su subsistencia. Los productores señalaron que la pérdida simultánea de decenas de vientres y animales en producción representa un golpe financiero devastador, difícil de absorber sin esquemas de compensación económica o apoyos de emergencia por contingencias pecuarias.

Vecinos y líderes comunitarios atribuyeron la contaminación de los cuerpos de agua al vertimiento clandestino de descargas residuales de origen industrial y urbano, una problemática recurrente en diversos afluentes y humedales vinculados a la cuenca alta del río Lerma. La presencia de sustancias químicas, metales pesados o contaminantes orgánicos en concentraciones letales convierte a estos abrevaderos naturales en focos de alto riesgo para la fauna doméstica y la salud de los ecosistemas circundantes.

Ante la gravedad del evento, los ganaderos exigieron la intervención inmediata de autoridades ambientales y sanitarias de los tres órdenes de gobierno —incluyendo a la Conagua, la Profepa, dependencias de medio ambiente estatal y autoridades de sanidad animal— para levantar muestras de agua y realizar necropsias toxicológicas que identifiquen el agente causal de la muerte del ganado. Asimismo, demandaron la clausura de descargas contaminantes ilegales y la delimitación de zonas seguras de pastoreo para evitar más bajas en los hatos.