Los adeudos de Leche para el Bienestar superan los 555 millones de pesos y ponen en jaque el flujo financiero de los establos en cuatro estados clave.
Productores de leche de diversas regiones del país denunciaron que el organismo público Leche para el Bienestar mantiene un pasivo vencido que supera los 555 millones de pesos por producto entregado durante el último ciclo anual. Las organizaciones ganaderas elevaron sus inconformidades ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para exigir la regularización urgente de las cuentas por cobrar. La retención de estos recursos federales golpea de forma directa a cuencas estratégicas ubicadas en los estados de Jalisco, Chihuahua, Guanajuato y Chiapas. Esta acumulación de saldos impagos ha roto los esquemas de pago programados, dejando a cientos de unidades productivas sin capital de trabajo para cubrir sus operaciones básicas. La falta de certidumbre en las transferencias institucionales amenaza con paralizar las entregas diarias en las instalaciones de recepción del gobierno federal.
La vulnerabilidad técnica de las cuencas involucradas responde a la profunda dependencia que mantienen frente a las compras públicas del Estado mexicano. En Jalisco, la principal entidad lechera de la República, la empresa gubernamental absorbe hasta el 30% del volumen total obtenido por los corrales, mientras que en Chihuahua capta cerca del 25% de la oferta estatal. Ante las restricciones de flujo, los centros de acopio oficiales comenzaron a aplicar ajustes a la baja en los volúmenes de recepción permitidos por productor. Esta limitación de cupos satura rápidamente los tanques de enfriamiento a pie de establo, cuyas capacidades físicas resultan insuficientes para almacenar más de dos jornadas de ordeño continuo. Como consecuencia operativa directa, los ganaderos enfrentan el riesgo inminente de tener que tirar la leche fresca o saturar las líneas de acopio regional sin garantías de conservación higiénica.
La contracción en la capacidad de absorción del programa estatal distorsiona severamente las cotizaciones en el mercado abierto de leche fluida. Al no poder ingresar la totalidad de sus cosechas a los centros receptores oficiales, muchos productores se ven forzados a rematar sus excedentes con intermediarios y queserías locales a tarifas de castigo. Esta sobreoferta forzada en canales secundarios deprime el valor de la materia prima en corral, profundizando las pérdidas económicas para las unidades familiares. Paralelamente, la penetración de fórmulas lácteas sucedáneas y las continuas importaciones de leche en polvo complican la recolocación comercial de estos volúmenes en la industria pasteurizadora formal. La pérdida de competitividad frente a productos análogos deteriora el valor de la leche cruda nacional y desplaza a los establos del abasto regular.
El esquema operativo del programa de abasto social presenta una compleja ecuación financiera en la que el costo integral de elaboración y logística ronda los 23 pesos por litro, mientras que el producto se distribuye recuperando únicamente 7.50 pesos en puntos de venta regulares. La brecha presupuestaria se amplía en 552 municipios de muy alta marginación, donde el lácteo se subsidia intensivamente para comercializarse a una tarifa preferencial de 4.50 pesos. No obstante, este subsidio al consumidor final no puede sostenerse a costa de los hatos primarios, cuyos costos de extracción resienten el encarecimiento de granos forrajeros, ensilados y concentrados balanceados. La alimentación del ganado absorbe hasta el 70% del gasto corriente en los establos, lo que deja a los productores sin liquidez para adquirir materias primas cuando los pagos institucionales se retrasan. La ausencia de líneas de crédito puente en la banca de desarrollo rural agrava el desbalance, empujando a los corrales a incurrir en pasivos con casas comerciales de insumos.
La regularización inmediata de los adeudos acumulados resulta indispensable para evitar la quiebra técnica de establos y el descarte anticipado de vientres lecheros de alto registro genético. Los gremios ganaderos enfatizan que sostener los esquemas de precios de garantía exige transferencias bancarias semanales sin desfases burocráticos que quebranten la confianza en el sector público. La meta nacional de avanzar hacia la autosuficiencia lechera y ampliar la cobertura alimentaria no puede consolidarse si las políticas oficiales asfixian económicamente a sus propios proveedores de materia prima. Una coordinación transparente entre las delegaciones de desarrollo rural y las asociaciones pecuarias permitirá restablecer calendarios confiables de cobranza en las cuatro cuencas perjudicadas. El rescate del hato lechero mexicano dependerá de que las autoridades honren sus compromisos contractuales y reconozcan el papel estratégico del productor en la seguridad alimentaria del país.
Fuente: 24 Horas
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